El portavoz adjunto del Grupo Socialista en Les Corts, Francisco Toledo, ha pedido que «se paralice de inmediato el proyecto de la incineradora de residuos tóxicos y peligrosos que el PPCV quiere ubicar en L'Alcora», tras conocer que la Generalitat ha concedido la autorización para la instalación de esta infraestructura en la localidad.
Toledo, quien recordó que en el mes de junio la Dirección General para el Cambio Climático resolvió conceder la autorización ambiental integrada para la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos a la empresa Reyval Ambient SL, exigió conocer «qué impacto tendría la incineradora sobre el turismo, la agricultura, ganadería e industria en los municipios de Alcalatén-Millars y colindantes».
Unas cuestiones que ya había planteado su compañera en la institución valenciana, la diputada por Castellón Delia Valero, a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. A la que los socialistas demandaron información clara acerca de «qué elementos contaminantes serían vertidos a la atmósfera por la incineradora, así como por qué no está prevista en el vigente Plan Integral de Residuos (PIR), y sin embargo, se autoriza su instalación».
Asimismo, a raíz de la aprobación de este proyecto, Toledo anunció que, tanto él como Delia Valero, asistirán junto al portavoz municipal, Samuel Falomir, el próximo miércoles 10 de agosto a las 19.30 horas a la manifestación convocada para decir «no» a la incineradora de esta localidad.
Por otro lado, el representante del Bloc, Enric Nomdedéu, también exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y al de la Diputación, Javier Moliner, que dejen clara su postura con respecto a la incineradora de l'Alcora. «El PP de l'Alcora dice oponerse a la planta, pero en Castellón y en Valencia parece que sí apoyan la construcción de la incineradora».
Al tiempo que señalaba que «los vecinos de l'Alcora y de las comarcas vecinas deben saber qué piensan sus gobernantes al respecto». Hay que recordar que el Grupo Compromís ya solicitó paralizar el proceso de autorización de la incineradora y que también ha presentado una batería de preguntas al Consell sobre la legalidad de la autorización.
Y es que la idea de construir una incineradora en esta localidad castellonense está levantando ampollas, tanto entre los políticos como entre los ciudadanos de la zona, que ya se han manifestado en diversas ocasiones para pedir a las administraciones que den marcha atrás en el proyecto.
Toledo, quien recordó que en el mes de junio la Dirección General para el Cambio Climático resolvió conceder la autorización ambiental integrada para la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos a la empresa Reyval Ambient SL, exigió conocer «qué impacto tendría la incineradora sobre el turismo, la agricultura, ganadería e industria en los municipios de Alcalatén-Millars y colindantes».
Unas cuestiones que ya había planteado su compañera en la institución valenciana, la diputada por Castellón Delia Valero, a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. A la que los socialistas demandaron información clara acerca de «qué elementos contaminantes serían vertidos a la atmósfera por la incineradora, así como por qué no está prevista en el vigente Plan Integral de Residuos (PIR), y sin embargo, se autoriza su instalación».
Asimismo, a raíz de la aprobación de este proyecto, Toledo anunció que, tanto él como Delia Valero, asistirán junto al portavoz municipal, Samuel Falomir, el próximo miércoles 10 de agosto a las 19.30 horas a la manifestación convocada para decir «no» a la incineradora de esta localidad.
Por otro lado, el representante del Bloc, Enric Nomdedéu, también exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y al de la Diputación, Javier Moliner, que dejen clara su postura con respecto a la incineradora de l'Alcora. «El PP de l'Alcora dice oponerse a la planta, pero en Castellón y en Valencia parece que sí apoyan la construcción de la incineradora».
Al tiempo que señalaba que «los vecinos de l'Alcora y de las comarcas vecinas deben saber qué piensan sus gobernantes al respecto». Hay que recordar que el Grupo Compromís ya solicitó paralizar el proceso de autorización de la incineradora y que también ha presentado una batería de preguntas al Consell sobre la legalidad de la autorización.
Y es que la idea de construir una incineradora en esta localidad castellonense está levantando ampollas, tanto entre los políticos como entre los ciudadanos de la zona, que ya se han manifestado en diversas ocasiones para pedir a las administraciones que den marcha atrás en el proyecto.
Fuente: Las Provincias
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