La Fiscalía Provincial de Castellón ha archivado la
denuncia presentada por el gerente de Reyval, Daniel Latorre, contra la
consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig; la
alcaldesa de l'Alcora, Merche Mallol y el director general de Calidad
Ambiental, Vicente Tejedo, en la que alegaba persecución y acoso. El ministerio
fiscal no aprecia ninguna infracción penal relacionada con la prevaricación y
la corrupción a la que aludía el denunciante, según se indica en el decreto de
archivo.
En la denuncia, el denunciante aseguraba que estaba
sufriendo persecución y acoso por parte de determinados cargos y organismos
públicos que se materializaba en la realización de numerosas inspecciones a la
empresa Reyval Ambient S.L., y consideraba que el supuesto acoso tenía como
objeto "la destrucción de la empresa, el cierre total de sus
instalaciones, con supuestos beneficios y fines compensatorios para terceras
personas o proyectos".
El principal motivo de la queja eran las
inspecciones realizadas a Reyval Ambient por la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, concretamente una realizada el 3
de noviembre de 2012 por dos agentes de la Policía Autonómica, dos técnicos de
la Conselleria y un inspector, en relación con la que ya se presentó una
denuncia que dio lugar a diligencias previas y se dictó un auto de
sobreseimiento.
La Fiscalía indica que el resto de la denuncia
contiene una serie de manifestaciones genéricas contra diversos cargos
políticos de l'Alcora, "que no se acreditan con ningún tipo de
documentación y en las que no se aprecia la existencia de ninguna infracción
penal relacionada con la prevaricación y la corrupción a que alude el
denunciante".
Además, añade que de la lectura de la denuncia se
advierte que la presunta prevaricación denunciada "procede de las
sospechas del señor Latorre de que tras las inspecciones realizadas a su
empresa se encuentra el Ayuntamiento de l'Alcora", sin que las
"sospechas" estén acreditadas "de modo alguno".
La fiscal ha resuelto que las sospechas no están
acreditadas "de modo alguno", por lo que no se advierte la presencia
de indicios que corroboren lo denunciado por Daniel Latorre y, en consecuencia,
acuerda el archivo de estas actuaciones.
La alcaldesa de l'Alcora, Merche Mallol, quien
manifestó estar tranquila desde el primer momento por no tener nada que temer,
y alegó que su actuación se había ajustado "en todo momento" a la legalidad,
ha reiterado en un comunicado seguir "igual de tranquila y confiada"
en la justicia.
"La notificación recibida hoy ha venido a
demostrar que desde la administración local no perseguimos a nadie, simplemente
nos limitamos, desde la responsabilidad que nos corresponde, a hacer cumplir la
ley", ha añadido.
Fuente: Europa Press
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