El juzgado de lo Contencioso-administrativo número
dos de Castellón ha fallado a favor del Ayuntamiento de l’Alcora, presidido por
la alcaldesa, Merche Mallol, por tercera vez en un año, al desestimar un
recurso de reposición interpuesto por Reyval. El juez considera que la
instalación de un autoclave sí requería de licencia previa urbanística, tal y
como se le exigió desde el principio por parte del consistorio alcorino.
La firma defendió que, para la ubicación del
dispositivo, una máquina destinada a la esterilización de residuos sanitarios,
no se requería de ninguna actuación, ni obra adicional en la planta de
tratamientos de desechos que actualmente gestiona la mercantil, entendiendo que
la empresa ya cuenta con una AAI (autorización ambiental integrada).
Por su parte, el Ayuntamiento alegó que la
resolución recurrida está sujeta a derecho, ya que la caldera no solo exige de
licencia urbanística para la maquinaria que requiere su instalación, sino
también para los sistemas complementarios de electricidad o de fontanería,
entre otros.
Tras el fallo del juez, la empresa deberá asumir
las costas del procedimiento, que ascienden a un total de 8.214,94 euros.
Esta es la tercera sentencia en un año que el
Ayuntamiento gana a Reyval. Cabe recordar que la primera obligaba a la empresa
al pago en metálico (y no en especies, como esta pretendía) de la declaración
de interés comunitario referente al vertedero. En la segunda resolución, el
fallo confirmó la sanción interpuesta a la factoría de 87.832,71 euros, más la
costas del procedimiento, que ascendieron a 9.378,28 euros.
Todo este dinero pasará a las arcas municipales, ya
que el Ayuntamiento no precisó de ningún abogado externo, debido a que este
tipo de procedimientos son llevados por el propio gabinete técnico-jurídico
municipal.
Fuentes consistoriales indicaron que con esta
decisión, “el consistorio demuestra, una vez más, que la administración local
se limita a cumplir la ley, sujeta a la concesión de licencias, en este caso,
de actividad industrial”.
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