El pasado mes el Parlamento
Europeo aprobó un informe que aboga por la eliminación gradual de vertederos e
incineradoras en Europa. Un modelo sostenible de gestión de residuos permitiría
ahorrar dinero público y crear puestos de trabajo. La Conselleria de Medio
Ambiente, sin embargo, continúa apoyando la construcción de una incineradora de
residuos tóxicos y peligrosos en Castellón.
Europa no quiere incineradoras ni
vertederos. El mes pasado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo aprobó un informe que aboga por la
eliminación gradual de vertederos y plantas incineradoras, favoreciendo otros
sistemas de tratamiento de residuos más rentables para el erario público y
sostenibles para el medio ambiente.
La resolución fue aprobada por 48
votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. Como explica el
eurodiputado liberal Gerban-Jan Gerbrandy: “no podemos permitirnos tardar 20
años en evolucionar hacia una economía sostenible. El competitivo mercado global
y el espectacular aumento de las economías emergentes no nos dan tanto tiempo”.
El informe pedirá a la Comisión
Europea que presente propuestas para acabar con los vertederos, como la
fiscalización de los mismos. La Comisión también deberá revisar los objetivos
marcados para 2020 en la Directiva Marco Europea de tratamiento de residuos y
asegurar, para el final de la década, que no se incinerará ningún residuo que
pueda ser reciclado.
Contra la política recomendada
desde Europa, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
apuesta por la incineración en la provincia de Castellón, apoyando la
construcción de una planta de incineración de residuos tóxicos y peligrosos que
tendría el mayor volumen de tratamiento de España: más de 133.000 toneladas de
residuos al año.
Se trata, en palabras de Toni
Albert, portavoz de la ‘Plataforma No a la Contaminació’, de un verdadero
despropósito: “mientras Europa admite la necesidad, no sólo ecológica sino
también económica, de cambiar de modelo de gestión de residuos, la Conselleria
apuesta por modelos caducos que cuestan más dinero a los contribuyentes y
generan menos puestos de trabajo”.
Según estima Greenpeace en su
informe La incineración de residuos en cifras: Análisis socio-económico de la
incineración de residuos municipales en España, los tratamientos de residuos
alternativos a la incineración generarían entre 7 y 39 veces más puestos de
trabajo. La incineración de residuos urbanos supone, además, un sobrecoste para
el ciudadano: el informe cifra en un 30% el incremento en las tasas de basuras
de los municipios que incineran frente a los que no lo hacen.
Desde el ‘Grup de Participació
Ciutadana No a la Incineradora de l’Alcora’ nos sumamos a esta protesta y
pedimos a Conselleria un cambio en su política de gestión de residuos. El
informe de la Comisión Europea supone un cambio de rumbo claro respecto la
Directiva Marco Europea de 2008, dado que, a diferencia de ésta, el informe se
olvida del eufemismo de la “revalorización energética” con el que se pretende
disfrazar la incineración de reciclaje. Incinerar no es reciclar: supone
consumir recursos, malgastar dinero público y reducir puestos de trabajo para
el enriquecimiento de unos pocos, algo que en Castellón no nos podemos
permitir. No sabemos cuáles son los verdaderos motivos para apostar por la
incineración y a quién beneficia realmente, pero estamos decididos a pedir un
cambio de modelo por el bien de nuestra comunidad, pese a quien pese.
Nota. Adjuntamos enlace a la nota
de prensa del Parlamento Europeo y al informe de Greenpeace.
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