El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la
autorización ambiental otorgada en 2008 por la Consejería de Medio
Ambiente a la empresa Valorización de Residuos, S.A. (VARESA), para el
proyecto de una incineradora de neumáticos y otros residuos de la
industria del automóvil en la localidad palentina de Carrión de los
Condes, según informa la organización Ecologistas en Acción.
Esta
asociación ha acusado además a la Junta de Castilla y León
de esta entregándose al sector de la incineración, "dañando la salud,
el medio ambiente y la producción agropecuaria regional".
Según
han informado las mismas fuentes, VARESA, filial del grupo catalán HERA
Holding, pretende la incineración de hasta 40.000 toneladas anuales de
neumáticos, pinturas, disolventes y taladrinas usadas, filtros de
aceite, líquidos de freno o anticongelantes, "muchos de ellos
clasificados como residuos tóxicos y peligrosos".
La sentencia
considera probado que la Administración demandada incumplió el deber
general -y concreto en materia medioambiental- de promover la
participación real y efectiva del público (arts. 9.2 y 105 de la
Constitución) "no poniendo en su conocimiento la documentación completa,
que iba a ser objeto de autorización".
Según el alto tribunal,
la Consejería de Medio Ambiente omitió el informe preceptivo y
vinculante de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sobre el
vertido de las aguas residuales de la incineradora, obvió la necesaria
consideración de alternativas en la localización y autorizó finalmente
el proyecto "a pesar de las numerosas deficiencias detectadas por los
propios técnicos de la Junta de Castilla y León".
La sentencia,
que puede ser recurrida, impone las costas "por su temeridad" a la Junta
de Castilla y León "pues no sólo se ha vulnerado
el derecho a la participación pública efectiva en el proceso de
autorización de que se trata y se ha omitido un trámite preceptivo y
vinculante, sino que se ha autorizado una actividad en la que se
utilizan sustancias peligrosas".
En este sentido, el TSJ recuerda
la propuesta de resolución efectuada por la Comisión Territorial de
Prevención Ambiental de Palencia de 21 de diciembre de 2006 y a la
"copiosa documentación aportada después" además de a un informe técnico
que pone de relieve las "importantes deficiencias e incoherencias del
proyecto presentado, autorizándose sin una nueva propuesta como exige la
Ley o al menos con un informe técnico en el que se justificase que se
habían subsanado las deficiencias constatadas".
En opinión de
Ecologistas en Acción, una vez más ha quedado en evidencia el "nulo
respeto" de las anteriores autoridades ambientales de Castilla y León
por la legislación ambiental y la salud de los ciudadanos.
Por
ello, la organización ha reclamado al nuevo consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, que se desmarque de las "prácticas ilegales"
de sus antecesores en el cargo y reúna con urgencia al Consejo Asesor de
Medio Ambiente de Castilla y León para informar la redacción del nuevo
Plan Regional de Residuos, "garantizando que responda a las prioridades
legales en la materia y destierre el caos existente en la gestión de los
desechos".
Por otro lado y
ante la celebración mañana, martes, en el Centro de Recursos Ambientales
de Valladolid de una Jornada sobre la incineración de residuos en la
industria cementera, organizada por la patronal de este sector y
patrocinada por la Junta, Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno
autonómico se está entregando en los últimos meses a los intereses del
"lobby" que abandera la incineración de los residuos, "a pesar de los
daños ambientales y los costes socioeconómicos que ocasiona esta
actividad".
Según sus datos, en Castilla y León se tramitan en
estos momentos dos autorizaciones ambientales para incinerar entre
150.000 y 200.000 toneladas anuales de residuos de todo tipo en las
fábricas de cemento de La Robla (León) y Venta de Baños (Palencia), "en
un momento en que la producción de cemento ha caído a sus niveles más
bajos en medio siglo".
Además, en la localidad de Ampudia
(comarca de Tierra de Campos, Palencia-Valladolid) se tramita también el
proyecto de una incineradora de residuos industriales con capacidad
para quemar 76.000 toneladas anuales.
Ecologistas ha recordado
también que el verano pasado, la Junta de Castilla y León revocó la
autorización otorgada a la fábrica de cemento de Toral de los Vados
(León) para la incineración de 33.000 toneladas anuales de residuos, en
respuesta a las movilizaciones ciudadanas desarrolladas en El Bierzo.
A
su juicio, no sería de recibo que en la Montaña Central Leonesa, en el
Cerrato palentino o en la Tierra de Campos se permitieran actividades
que han sido consideradas lesivas en El Bierzo, "aunque no hayan
movilizado de momento a tantos ciudadanos".
Por ello, Ecologistas
ha reclamado que se paralice la tramitación de todo proyecto de
incineración de residuos hasta que se determine por el nuevo Plan
Regional de Residuos si esta actividad tiene o no cabida en Castilla y
León, "teniendo en cuenta además de la protección de la salud y el medio
ambiente la apuesta del Gobierno regional por la producción
agropecuaria de calidad, con marchamos como 'Tierra de Sabor'".
Este
colectivo ha asegurado por último que las incineradoras de residuos son
una de las principales fuentes de dioxinas y furanos en Europa,
"ostentando además la responsabilidad de buena parte de las emisiones de
metales pesados y otros contaminantes orgánicos persistentes como los
PCB's o el hexaclorobenceno".
Entre los efectos para la salud de
estos contaminantes se han documentado, según este colectivo, distintos
tipos de cáncer y trastornos neuronales, reproductivos y hormonales que
afectan especialmente a las mujeres y a los embriones durante el
embarazo y que se manifestarán una vez que los niños alcancen la edad
adulta.
Fuente: La información.com

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