Merche Mallol, Alcaldesa de L´Alcora
El proceso legal contra la incineradora de Reyval ha llegado a los
tribunales. Desde que el Partido Popular de l’Alcora fue conocedor de la
Autorización Ambiental Integrada concedida a la mercantil, optamos por
la transparencia absoluta para que, tanto la ciudadanía, como los grupos
políticos fueran conocedores de la situación nada halagüeña para
nuestro municipio.
Durante nuestra etapa en la oposición, siempre
creímos -porque así se nos había transmitido- que el Ayuntamiento nunca
había dejado de presentar alegaciones a esta infraestructura para
impedir que siguiera adelante, sin embargo, no fue así. Y al llegar, nos
encontramos con un proceso muy avanzado que daba pocas opciones para
volver atrás.
Desde nuestras competencias municipales, técnicos,
asesores y expertos en materia medioambiental nos pusimos a trabajar
para conseguir paralizar, siempre desde la legalidad, este proyecto.
Desde el principio, apostamos por la unidad de todas las formaciones
políticas, junto con la Plataforma No a la Contaminación, el Grupo de
Participación Ciudadana 2.0 (creado a raíz de esta problemática) y las
distintas asociaciones vecinales, que desde siempre nos han puesto en
alerta. Diversas manifestaciones, recogida de firmas, asambleas
ciudadanas y protestas multitudinarias evidenciaron el rechazo unánime
de nuestra población -respaldada por vecinos del resto de la provincia- a
una infraestructura polémica, cuyo gestor no genera confianza entre los
alcorinos.
El 5 de agosto presentamos un recurso de alzada contra la
AAI, ante la conselleria de Medio Ambiente, con informes relevantes que
obligaron a la administración autonómica a revisar el procedimiento.
Este recurso aludía a una ausencia de exposición pública en la
tramitación y fue ampliado hasta en dos ocasiones con documentación que
confirmaba irregularidades. El 26 de febrero de 2011 se remitió un nuevo
informe a la Conselleria demostrando incongruencias como la
multiplicación del volumen de residuos a tratar y de la emisión de
gases, que varían sustancialmente del proyecto básico de 2006, al
aprobado en 2011. La conselleria ha desestimado este recurso. Pero
nosotros estamos convencidos de nuestros argumentos, y por eso, hemos
elevado nuestra denuncia al Tribunal Superior de Justicia presentando un
contencioso administrativo contra la AAI. Ahora el futuro de la
incineradora queda en manos de un juez. La ciudadanía nos pide
compromiso, así se lo hemos demostrado y en la misma línea continuaremos
trabajando.
Fuente: El periódic.com
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