No se puede seguir haciendo agujeros en el territorio para enterrar la basura, dijo el pasado lunes la consejera de Medio Ambiente, Isabel Bonig. Una declaración con la que la consejera reabre el debate sobre la construcción de plantas de valorización de residuos sólidos urbanos (incineradoras) en la Comunidad Valenciana. Desde hace años se especula con la instalación de tres incineradoras, una por provincia, y una cuarta de refuerzo. Pero la oposición social y política ha frenado o está frenando su apertura en localidades como la Vall d’Alba o L’Alcora.
“La sociedad no estaba preparada. Había dudas. Hoy la tecnología permite valorizar los rechazos”, admite Vicente Tejedo, director general de Calidad Ambiental de la Generalitat. Las previsiones son que la capacidad de los vertederos se agote entre 2018 y 2020 y antes de que se colmaten hay que tener un a alternativa. El departamento de Bonig se propone cerrar esta legislatura un plan integral de incineración que fijará el número de plantas y su ubicación. Se pactará en un comité de consorcios gestores de la basura al que se incorporará la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Generalitat. “Tiene que haber el mayor consenso posible”, observan desde Medio Ambiente.
Tejedo admite de partida que en las plantas de tratamiento de residuos no se separa lo suficiente. Según sus datos, en 2011 estas plantas rechazaron un 52% del total (1,4 millones de toneladas), cuando este porcentaje no debería superar el 44%. Los rechazos (algunos tipos de plásticos, papel, maderas o textiles) se puede “valorizar” o transformar en un combustible con el que luego se genera electricidad.
La Generalitat esgrime que países avanzados desde el punto de vista medioambiental no tienen vertederos y sí incineradoras. Y que algunas plantas de valorización se localizan en el centro de las ciudades porque la energía que generan se emplea para la calefacción doméstica.
De las temidas emisiones a la atmósfera de dioxinas y furanos, perjudiciales para la salud en ciertas dosis, Tejedo alega que las mediciones son constantes.
Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción, no comparte ni las cifras ni los argumentos de la Generalitat. “El problema en el territorio valenciano es que no se cumple la primera etapa en las plantas de tratamiento y, por tanto, la incineración nos parece un cortocircuito, un atajo”, sostiene. Esta organización se remite a informes de la Sindicatura de Comptes o del Comité Económico y Social (CES), donde se recoge que de las plantas de tratamiento sale un rechazo del 70% e incluso del 80%, muy por encima del objetivo del 44%.
“Cuando tú recuperas materiales, queda poco que incinerar, pero como no lo hacen los vertederos se colmatan rápido”, denuncia Arribas. Según el ecologista, la red valenciana está lejos de cumplir con las 3R (reducir, recuperar y reciclar). “La quema de basura no es una solución porque las instalaciones son caras \[una incineradora que trate 250.000 toneladas ronda los 300 millones de euros\], y la incineración deja cenizas volantes y de fondo que también hay que tratar”, argumenta.
“Nos han sorprendido las declaraciones de Bonig”, reconoce Arribas, que aprovecha para recordar que el Plan Integral de Residuos (PIR) donde se planifica la gestión de la basura data de 1997, está caduco y no se ha cumplido al 100%. “El comisario europeo ya ha advertido además de que hay un exceso de incineradoras”, concluye.
Ángel Fernández Homar, presidente de Aeversus, asociación española de plantas de valorización, replica que en Europa hay dos mundos: el norte donde es cierto que existen seis o siete países donde hay “sobreincineración”. Un ejemplo es Suecia. Y los del sur, que están bastante retrasados. Ahí están Italia o España. Fernández Homar confirma que los porcentajes de rechazo están más cerca del 70% que del 50%. De los 26 millones de toneladas de basura que cada año generan los españoles, sólo 2,2 se tratan en incineradora, es decir, un 9%. “O todos somos tontos o no sé... porque los que más reciclan son los que tienen más incineración y los que menos reciclan y más vierten somos nosotros”, apostilla.
De los elevados costes de la incineración, el presidente de Aeverte replica que existen vertederos que cobran más caro que las plantas de valorización. “Hay que priorizar”, sentencia.
Es cierto que la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos es una competencia de los ayuntamientos, pero la Generalitat es un actor principal porque se encarga de legislar y luego de sancionar. De ahí que la consejera Isabel Bonig pidiera de cara al proceso de negociación “rigor y responsabilidad” a los grupos políticos de la oposición a la hora de abordar la siempre polémica gestión de las basuras. Pero estas formaciones políticas no comparten a priori la necesidad de levantar plantas incineradoras.
“Ninguna instalación \[valenciana\] se acerca remotamente al 44% de rechazos que exigen las leyes europeas y para 2020 las previsiones son que la población crezca hasta los siete millones de residentes”, alega Francesc Signes, diputado responsable del área de Medio Ambiente en el Grupo Socialista de las Cortes. La posición de los socialistas es clara: “No a la incineración ya. No podemos permitir que se incumpla el PIR de 1997 y sean tres grandes bocas las que deglutan la basura”.
Juan Ponce, parlamentario de Compromís, cree que el escaso porcentaje de residuos recuperados y reciclados es premeditado. “Hace falta un nivel muy alto de rechazo de basura para que la incineración sea rentable”, apunta. Ponce insiste en que las emisiones de las incineradoras si el control no es estricto son perjudiciales para la salud. “Primero hay que aplicar las 3R a rajatabla y luego veremos”.
Lluís Torró, de EUPV, coincide: “Bonig pretende resolver con las incineradoras la pésima política del PP en la gestión de la basura”. La incineración, sostiene Torró, es la última fase de un proceso más largo que empieza por reducir y reutilizar los desechos.
Un 20% menos de desechos urbanos por la crisis
C.V.
La crisis económica ha reducido los desechos sólidos urbanos en los últimos años entre un 18 y un 20%, pero aun así los valencianos generan 2,7 millones de toneladas al año de basura que hay que tratar. Esa máxima de quien contamina, paga, es más cierta que nunca. Y reutilizar la mayor cantidad posible de residuos abarata el pago de las tasas de basura, recuerda el director general de la Generalitat, Vicente Tejedo. “Lo que no hacen los hogares, lo tienen que hacer las plantas de tratamiento”, explica.
Las únicas experiencias que hay en el territorio valenciano de incineración se da en el sector de las cementeras. Se trata de la coincineración. En las plantas que cuentan con autorización se queman a temperaturas superiores a los 1.000 grados neumáticos, lodos de depuradora o harinas de animales afectados por la enfermedad de las vacas locas o CDR (combustibles derivados de residuos urbanos), con los que se generan electricidad. Son las plantas de Cemex en Sant Vicent del Raspeig o Buñol o la factoría de Lafarge, en Sagunt. Disponen de permisos o están en trámite de conseguirlos.
La gestión de las basuras es un auténtico avispero para cualquier gobierno, ya sea local o autonómico. Ahí están las guerras por la basura entre Valencia con otros municipios que reciben las toneladas de desechos que crea la capital y su área metropolitana. Solo esta zona genera el 50% de residuos sólidos urbanos de toda la comunidad.
Ninguna localidad quiere cerca ni vertederos ni plantas de tratamiento de residuos por las molestias que pueden ocasionar. Y los precedentes no hacen pensar que la negociación que ahora plantea la consejera Isabel Bonig vaya a ser fácil. Hace más de seis años, la Generalitat tuvo que paralizar el plan de construcción de una incineradora en la localidad castellonense de la Vall d’Alba a causa de la fuerte contestación social que cosechó. En los últimos tiempos, otro proyecto de incineradora previsto en L’Alcora ha sacado a la calle a miles de personas. El proyecto, que desarrolla la empresa Reyval, es para la quema de residuos industriales. Para los vecinos, la planta es una amenaza como “potente emisora de carcinógenos”.
Fuente: El País
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