La Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) ha
remitido a la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació un escrito en el que
acepta la personación en el expediente sancionador 345/12, en el que se
resuelve "imponer a Reyval Ambient S.L. una sanción total de 122.000
euros", según informa la asociación ecologista en un comunicado.
Según No a la Contaminació, la sanción acumula más
de un incumplimiento de la legislación y de las resoluciones de la propia
Conselleria de Infraestructuras Territorio y Medioambiente, "al no hacer
caso de la paralización de la actividad en el vertedero impuesta por resolución
de la DGCA en julio de 2012 y que solo las repetidas denuncias de la
Plataforma, consiguieron que la actividad se paralizara en noviembre de 2012".
Además, según el colectivo, se constató en las
inspecciones realizadas a raíz de las denuncias que "los residuos que se
vertían sin autorización en el vertedero tampoco cumplían los requisitos de
inertización requeridos y se estaban entrando camiones de tierra de la mina del
Charco para tapar las evidencias, lo que ya era habitual desde hacía mucho
tiempo".
Por todo ello, la Plataforma y la Asamblea
Ciudadana contra la incineradora e congratulan de que "al final se haga
cumplir la ley y se sancione a quien no la cumpla, haciendo verdad el lema de
la legislación de 'quien contamina, paga'". "Esperamos que sirva de
ejemplo para navegantes cualquier manipulación de residuos peligrosos que, por
su naturaleza, representan, en su mala gestión, un riesgo para la salud de la
población que se debe evitar a toda costa".
También confían en que el recurso que "de
seguro" va a presentar la empresa contra esta sanción "se resuelva
favorablemente en el sentido de que se mantenga la sanción y se le haga pagar
también los efectos negativos en la calidad de las aguas
subterráneas y superficiales que supone el vertido de residuos peligrosos junto
al barranco del Regatell".
Ambos colectivos exigen la retirada de los
residuos peligrosos "mal inertizados" del vertedero y la restauración
completa del mismo a su estado anterior, y han aclarado que no están de acuerdo
en que se ejecute el proyecto de clausura "si no incluye la eliminación
física de los residuos peligrosos depositados en el vertedero, para lo que no
dispone de autorización".
Fuente: Europa Press
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