La Fiscalía de Castellón acaba de abrir diligencias de investigación penal por un posible delito contra el medio ambiente a la empresa de l’Alcora Reyval Ambient. Y esta misma firma opta al contrato para la gestión externa de los residuos sanitarios de los centros médicos y hospitales de la Agencia Valenciana de Salud. Su oferta es la más económica de las presentadas y el gerente, Daniel Latorre, ya da por hecha la adjudicación.
Desde la Consejería de Sanidad le han reclamado los informes que justifiquen que el precio es el adecuado y Reyval ha presentado los avales que suponen un paso más hacia la adjudicación del servicio, según explica el propio Latorre. “Es prácticamente definitiva”, asegura. El precio de licitación para la gestión de los residuos asciende a 5,3 millones. La propuesta de Reyval es de 3,24 millones para los siete lotes en los que se divide el contrato.
La empresa asentada en L’Alcora, la misma que proyecta una planta incineradora que ha puesto en pie de guerra a la comarca, tiene tras de sí un amplio historial de inspecciones, sanciones e investigaciones judiciales abiertas. En esta semana, por ejemplo, destaca la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en la que resuelve imponer una sanción de 122.000 euros tras constatar que la empresa proseguía utilizando el vertedero que debía haber sido clausurado.
También esta semana ha trascendido que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia de la Plataforma No a la Contaminació por una presunta gestión irregular de residuos sanitarios. El decreto del fiscal sostiene que los hechos denunciados pueden “revestir caracteres de delito contra el medio ambiente” y ha ordenado al Seprona que emita un informe y reclamado al Ayuntamiento de L’Alcora que informe si el tratamiento de residuos es acorde a la ley.
Reyval Ambient es un gestor de residuos industriales y sanitarios. La adjudicación le permitiría gestionar la práctica totalidad de los residuos sanitarios de la Comunidad Valenciana. La Plataforma No a la Contaminació, tras conocer que puede ser finalmente la adjudicataria, remitió un escrito de alegaciones para pedir que se inhabilite de este proceso a la empresa “por el incumplimiento reiterado de la normativa vigente”.
En su escrito desgrana hasta seis expedientes abiertos contra la firma, uno de las cuales está siendo también investigado por un juzgado de Castellón después de que la policía hallara depósitos de residuos contaminantes en una instalación no homologada y fuera del recinto. La Plataforma también critica los impedimentos para realizar inspecciones.
Así consta, por ejemplo, en un escrito de Infraestructuras sobre una inspección realizada en noviembre de 2012 en la que recoge que el gerente tuvo un “trato vejatorio y denigrante constante hacia la persona del inspector, con insultos de diversa índole”. En esta visita, el gerente llegó a romper las actas e impidió de forma violenta la recogida de muestras del vertedero para su análisis.
Desde la Consejería de Sanidad aseguran que, como ninguna sanción es todavía firme (pueden recurrirse por vía judicial) no hay ninguna razón para excluirla del proceso. También sostienen que la investigación abierta por la Fiscalía “no es motivo para dejar a la empresa fuera del proceso”.
El “acoso” de las inspecciones
L. O., CASTELLÓN
El gerente de Reyval Ambient, Daniel Latorre, ha vuelto a denunciar lo que considera un “acoso constante” de la administración tras conocer la última resolución sancionadora de 122.000 euros por utilizar el vertedero sin la Autorización Ambiental Integrada. Latorre explica que también recurrirá esta multa por vía judicial y arremete contra la alcaldesa de L’Alcora, Merche Mallol (PP), y la Consejería por lo que considera una “persecución enfermiza”. Latorre indica que están preparando una querella al respecto.
No es la primera vez que Reyval inicia acciones legales contra el Ayuntamiento. De hecho, ambas partes están a la espera de que el TSJ se pronuncie sobre la construcción de la polémica incineradora de residuos industriales. El pasado marzo, la Fiscalía de Castellón archivó una denuncia del gerente contra la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, la alcaldesa de L'Alcora y el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, en la que denunciaba el supuesto acoso y persecución materializada en las constantes inspecciones a la empresa.
Por el contrario, Reyval cuenta con dos sentencias favorables en 2011 que anularon dos sanciones por 100.000 euros. En este fallo, del Contencioso Administrativo 1 de Castellón, se apunta a la “temeridad en la imposición de sanciones reiteradas” por parte de las administraciones que “impiden el ejercicio de su actividad”.
Fuente: El País
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